El Cabildo de Guadalupe revocó el miércoles por la noche la
licencia que le había concedido a la presidenta municipal emanada del PRI en
respuesta al amparo que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
concedió a la ciudadana Dinorah Cantú Pedraza.
Como parte de su ascendente carrera política, Álvarez García había logrado la candidatura de su partido a uno de los puestos de elección más codiciados. Si bien su compañera que encabeza la fórmula al Senado, Marcela Guerra, prácticamente tenía el lugar asegurado, se consideraba con amplias posibilidades de obtener el triunfo en las próximas elecciones.
Como parte de su ascendente carrera política, Álvarez García había logrado la candidatura de su partido a uno de los puestos de elección más codiciados. Si bien su compañera que encabeza la fórmula al Senado, Marcela Guerra, prácticamente tenía el lugar asegurado, se consideraba con amplias posibilidades de obtener el triunfo en las próximas elecciones.
Luego de su popularidad como conductora local de Multimedios
Televisión, Ivonne obtuvo por el PRI una diputación local y posteriormente la
candidatura a la Alcaldía guadalupense, cuyo triunfo y gestión la hicieron una
de las figuras más populares del tricolor en el estado.
El recurso legal interpuesto en su contra por la pasante de
la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y el abogado Olmo Guerrero, del
despacho Martínez Arrieta, ha supuesto no solo el freno a las aspiraciones de
Álvarez García, sino que además ha sentado un precedente en la vida política de
Nuevo León y del país por ser el primer recurso legal contra la práctica
política del “chapulineo”.
Curiosamente, durante su campaña política para el puesto a
cuyas funciones tuvo que regresar este jueves, Ivonne firmó un compromiso ante
notario asegurando que terminaría su periodo de tres años al frente de uno de
los municipios más poblados del área metropolitana de Monterrey.
El amparo interpuesto por el litigante del despacho
especializado en juicios mercantiles está basado en el artículo 5 de la
Constitución Mexicana, que establece la obligación a los servidores públicos de
elección popular de cumplir con su cargo durante el tiempo estipulado por la
ley, que en el caso de Álvarez García concluiría el 31 de octubre.
Justo en esta semana 33 organizaciones de Nuevo León
lanzaron la campaña #YoNoVotoChapulines, en seguimiento a un desplegado del
pasado 8 de febrero el que invitaban a la población a evitar votar a quienes
dejaran algún cargo de elección popular para aspirar a otro. Con este triunfo
legal, estas asociaciones están de plácemes con la detonante del caso, quien se
ha especializado en la defensa de derechos humanos.
“Al final, es el primer recurso legal que se intenta, pero
la idea es que con éste se iniciara el debate, que ya empezó, que es si los
gobernados tenemos derechos frente a nuestros gobernantes, y me refiero en
específico al buen gobierno y empezar a establecer el mínimo de obligaciones
que ellos tienen frente a nosotros”, declaró Cantú Pedraza al periódico Milenio
Diario de Monterrey.
Además de ellos, también se congratularon los panistas de
Nuevo León, a quienes se les designó desde el Comité Ejecutivo Nacional la
fórmula de candidatos al Senado, encabezada por el magistrado Raúl Gracia, uno
de los líderes de la llamada “neocúpula” y seguida por Alejandra Sada. Sin la
popularidad de Ivonne a la cual enfrentar, suponen un cierto alivio.
Sin embargo, hay voces e intenciones para aplicar la misma fórmula al
alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal Bretón, quien preside la lista del
PAN a diputados federales por los distritos nuevoleoneses, e incluso a la aspirante
a la Presidencia Josefina Vázquez Mota, quien dejó su curul como legisladora
para contender por Los Pinos.
Los políticos han visto así un peligro para el sistema en el
que están acostumbrados a desenvolverse y que activistas han denunciado que privilegia
los intereses partidistas frente a la voluntad de los gobernados. Las críticas
contra la resolución judicial dentro del Ayuntamiento de Guadalupe provinieron
tanto de ediles del PRI como del PT, que acusaron al Tribunal de violar su
autonomía municipal.
Según el propio boletín de prensa municipal, regidores y
síndicos criticaron también el que cualquier ciudadano pueda revocar las
aspiraciones políticas de servidores públicos que aspiran a otros puestos de
elección popular.
Como se esperaba, Ivonne Álvarez regresó a sus funciones en
el Palacio Municipal la mañana del jueves y aprovechó para manifestar su
indignación y descalificar la medida judicial que la obligó a cumplir su
mandato legal.
"Lo que está pasando aquí es un atentado sin
precedentes a los derechos constitucionales de todos los mexicanos, estamos
ante una grave violación del artículo 35 constitucional que nos da a todos el
derecho de aspirar a cualquier cargo de elección popular", aseguró.
“Hoy sólo ganaron una instancia jurídica. Pero nunca podrán
ganar el voto popular, ni la voluntad de nuestra gente. Eso, nada ni nadie lo
puede parar”, declaró como mensaje a la ciudadanía.
Ahora, la silla senatorial para Ivonne Álvarez se ve más
lejana con su regreso a la Presidencia Municipal, como argumenta el abogado Mauricio
Luis Felipe Castillo Flores, quien había propuesto una iniciativa de ley contra
el “chapulineo” y entregó un escrito al IFE y al PRI para requerir que se le
niegue a la alcaldesa su candidatura a la Cámara Alta del Congreso, por el hecho de ejercer un puesto de elección popular al momento de aspirar a otro.
La columna política principal del periódico El Norte, "MAKiavelo", habla de una defensa legal de Ivonne con el apoyo del Gobierno de Nuevo León. Por lo pronto, la continuación de esta historia seguirá en los tribunales.
La columna política principal del periódico El Norte, "MAKiavelo", habla de una defensa legal de Ivonne con el apoyo del Gobierno de Nuevo León. Por lo pronto, la continuación de esta historia seguirá en los tribunales.
