Un mundo de injusticias

Muchas veces he escuchado que no es lo mismo que se cumpla la ley a que se haga justicia. Para garantizar equidad, la aplicación de las leyes debe ser apegada a la letra, a fin de que no haya interpretaciones posibles que anulen su objetivo original.

Esta semana que recién terminó se copnsumó algo de lo que había planteado como riesgo a ese lamentable divorcio entre ley y justicia, que fue la cancelación de la carrera judicial de Baltasar Garzón, el juez español que en los últimos meses se convirtió en blanco de organizaciones y magistrados identificados con la derecha.

Garzón fue impedido de ejercer su profesión por 11 años, al término de los cuales él llegaría a su edad de jubilación, por lo cual quedó sepultado su ejercicio en la Audiencia Nacional de España y la carrera que le había dado fama alrededor del mundo.

Ciertamente el hecho que orilló a esta decisión, mandar intervenir la comunicación entre acusados y sus abogados -lo que viola un derecho fundamental en cualquier proceso- en el caso Gürtell, una de las más grandes tramas de corrupción en la vida pública de España.

Gracias a esa controvertida acción, se logró revelar que empresarios habrían sobornado a funcionarios de la Comunidad Valenciana, bastión del Partido Popular, gobernante actual del país. Nada nuevo en cualquier nación, pero en cada lugar aparecen singularidades y maniobras para encubrirse.

Varias organizaciones de derechos humanos alrededor del mundo manifestaron en un manifiesto su respaldo a Garzón, indicando las irregularidades del proceso y la vulneración de la credibilidad del máximo órgano judicial del país ibérico. Señalaron que la violación con la que se le acusó se ha hecho en otros casos, sin estas consecuencias. Es decir, no a todos se les ha aplicado la misma vara.

A los integrantes del Tribunal Supremo de España que tomaron esta decisión pareció no imnportarles la preocupación y el rechazo mundiales a su sentencia. La ratificaron sin problema y han sentado precedente; probablemente el más deseado por ellos es que la defensa del ejercicio del poder mediante la ley. Lástima que no ejerce esa misma función para quien ha buscado aplicarla.

Si Baltasar Garzón cometió un exceso en su función, que sea juzgado, pero con justicia y no con saña o severidad, como siento que ha sido en este caso; entonces, una aplicación así del derecho pierde su sentido de cuidar las garantías de todos: jueces, abogados, acusados, ciudadanos afectados por decisiones arbitarias de los políticos y familiares de víctimas históricas.

Recordando a víctimas de Casino Royale

Sin ir más lejos, hoy se cumplen exactamente seis meses del ataque al Casino Royale de Monterrey en el que, para supuestamente dar un escarmiento a los dueños de este centro de diversiones, unos delincuentes prendieron fuego a sus instalaciones y provocaron al menos medio centena de muertos; hecho que dio la vuelta al mundo por la magnitud de la tragedia.

Los dueños, refugiados supuestamente en Estados Unidos, siguen sin ser juzgados. Pero también las autoridades responsables de los peritajes y de la seguridad de la ciudad. El presidente Felipe Calderón prometió justicia al día siguiente, con un típico discurso de "caiga quien caiga". Pero, a seis meses, nada sustancial ha pasado.

El caso fue una destapadera de historias y situaciones de corrupción, irregularidades, irresponsabilidasdes, imprudencias, inejercicio de funciones legales. Todos fallaron: municipio, estado, federación. Y se siguen sin corregir los errores, aunque ahora se cuidan más de hacerlos evidentes.

Si el presidente quisiera que esto dejara consecuencias positivas, instruiría a la Secretaría de Gobernación a no permitir más de estos establecimientos o cuando menos vigilar que operen en regla. Porque ha resultado que se convierten en el más vivo ejemplo de la violación de la ley sin consecuencias, esto es impunidad, lo que nos ha dañado más como país que la propia violencia e inseguridad, pues se alimentan o cobijan en ella.

Si el gobierno de Nuevo León realmente quiere ganar credibilidad, hubiera tomado acciones respecto a Protección Civil estatal, por más eficiente y noble labor que han realizado mayormente en los últimos sucesos.

Si el municipio quisiera quedar como héroe, que fue la primera impresión que dio al argumentar (sin pruebas) que sí han hecho su labor, el alcalde Fernando Larrazabal se hubiera separado temporalmente de sus funciones para responder ante la justicia por los actos de corrupción en los que se vio implicado su hermano Jonás, de acuerdo a revelaciones periodísticas basadas en filtraciones, que era también su empleado municipal, aunque al parecer no directamente relacionado con la operación de casinos.

Lo más indignante es que Larrazabal ahora será premiado por su partido, el PAN, con una diputación federal, al ser el primero de la lista de plurinominales del estado. Y así la impunidad, o la falta de rendición de cuentas, sigue triufando.